A partir de una denuncia de la Porcuración Penitenciaria de la Nación (PPN) frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la "exclusión automática del padron" de esas personas que tienen condenas firmes, se instó al Estado argentino a "poner fin" a la situación a través de una "reforma legal" o de "una justicia vigorosa".
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